Proceso de amparo: qué protege, en qué plazo se presenta y cuándo procede

El amparo es una de las garantías constitucionales reconocidas en el artículo 200 de la Constitución. Procede contra el hecho u omisión de "cualquier autoridad, funcionario o persona" que vulnere o amenace derechos constitucionales distintos de los protegidos por el hábeas corpus y el hábeas data. Actualmente se regula por el Nuevo Código Procesal Constitucional, aprobado por la Ley 31307, y sus modificatorias.

¿Para qué sirve?

Su finalidad es proteger los derechos constitucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza (artículo 1 del Código). No está pensado para discutir cualquier desacuerdo legal, sino para detener o revertir la afectación concreta de un derecho fundamental.

Amparo, hábeas corpus y hábeas data

Los tres procesos protegen derechos distintos:

• Hábeas corpus: tutela la libertad individual y los derechos conexos, por ejemplo, frente a una detención sin mandato judicial ni flagrancia.
• Hábeas data: protege el acceso a la información pública y la autodeterminación informativa, es decir, el control sobre sus datos personales.
• Amparo: cubre los demás derechos constitucionales. El artículo 44 del Código menciona, entre otros, el trabajo, la propiedad, la salud, la educación, la pensión, la igualdad y la tutela procesal efectiva.

Plazo para interponerlo

Como regla general, la demanda debe presentarse dentro de los sesenta días hábiles de producida la afectación, siempre que usted haya tenido conocimiento del acto lesivo y posibilidad de demandar (artículo 45). Si el amparo se dirige contra una resolución judicial o un laudo arbitral, el plazo es de treinta días hábiles, contados desde la notificación de la resolución o laudo firme. El Código prevé reglas especiales de cómputo, por ejemplo, para actos continuados u omisiones. En cambio, el plazo del hábeas corpus no prescribe.

Causales de improcedencia

Según el artículo 7, la demanda es improcedente, entre otros supuestos, cuando:

• los hechos y el pedido no se refieren directamente al contenido constitucionalmente protegido del derecho;
• existe otra vía procedimental específica igualmente satisfactoria;
• el afectado acudió antes a otro proceso judicial para pedir tutela de su derecho constitucional;
• no se agotaron las vías previas, salvo las excepciones del artículo 43; o
• venció el plazo.

Frente a resoluciones judiciales, el amparo solo procede si están firmes y fueron dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva; además, es improcedente si el afectado dejó consentir la resolución (artículo 9). La demanda se presenta por escrito y requiere firma de abogado (artículo 2).

¿Cuándo conviene evaluarlo con un abogado?

Lo recomendable es hacerlo apenas advierta la afectación, pues el plazo es breve. Una revisión oportuna permite determinar si el amparo es la vía adecuada, si antes debe agotarse un recurso administrativo, ante qué juez presentar la demanda y qué pruebas reunir.

Este artículo tiene fines informativos. Si considera que alguno de sus derechos está siendo afectado, le sugerimos consultar su caso concreto con un abogado.